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En una votación que ha generado una fuerte controversia en la sociedad chilena, la Cámara de Diputados aprobó un informe que, según activistas de derechos humanos, es considerado transfóbico y restringe los derechos de las infancias y adolescencias trans. La decisión se tomó en la jornada del 15 de mayo, en medio de un intenso debate sobre la protección y el reconocimiento de la identidad de género en menores de edad.
El informe, que propone limitar el acceso a servicios de salud y educación inclusiva para los jóvenes trans, ha sido criticado por organizaciones de defensa de los derechos LGBTIQ+, que afirman que estas medidas no solo son perjudiciales para el bienestar de los menores, sino que también perpetúan la discriminación y el estigma en una población ya vulnerable.
Diversas voces se alzaron en la Cámara durante la discusión, con algunos diputados defendiendo el informe argumentando que buscan proteger a los menores de decisiones que consideran prematuras. Sin embargo, opositores señalaron que las políticas propuestas ignoran la realidad de muchas familias que han luchado por el reconocimiento y la aceptación de sus hijos e hijas trans.
Para Diversidades Sin Fronteras “Es un día triste para los derechos humanos en Chile. Este informe no solo discrimina, sino que también pone en riesgo la salud mental y física de las infancias trans. Necesitamos avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa”.
Las reacciones han llegado no solo desde el ámbito político, sino también desde el mundo académico y la sociedad civil. Varios expertos en psicología y educación han advertido sobre las consecuencias de la falta de apoyo adecuado, que puede llevar a altos índices de depresión y suicidio entre jóvenes que no se sienten aceptados.
El debate en torno a los derechos de las infancias y adolescencias trans en Chile está lejos de cerrarse, y la comunidad LGBTIQ+ ha prometido continuar luchando por una legislación que realmente respete y proteja la identidad de género de todos los menores.
El informe aprobado se enviará ahora al Senado, donde se espera que la discusión continúe y donde la presión social podría influir en futuras decisiones legislativas sobre este tema tan sensible.
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